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*El Estado debe firmar convenio con Gobierno de México para universalidad de la pensión
Dan largas para otorgar las pensiones.
La bancada de morena en el Congreso Local insiste que el gobierno del estado de Guanajuato no debe postergar el derecho que tienen las personas con discapacidad para que reciban su pensión.
Por ello, presentó un punto de acuerdo para enviar un exhorto a la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que, en el ámbito de sus atribuciones firme el Convenio con el Gobierno de México para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.
De esta forma podrá garantizarse el cumplimiento completo al derecho constitucional de las personas con discapacidad permanente de recibir su pensión.
Hay 92 mil personas con discapacidad permanente que no reciben la pensión no contributiva para dicho sector, afirmó la diputada Berenica Aguilar Castillo.
Recalcó que es una obligación del Estado otorgar las pensiones a los sectores de la población con menor ingreso económico; significaría garantizar el acceso a medicina o terapias propias de la discapacidad, siendo el objetivo de esta pensión mejorar el ingreso monetario de las personas que forman parte de la población objetivo.
La legisladora refirió que la iniciativa presentada por Acción Nacional, el 25 de junio de 2026, propone definir la pensión no contributiva como una prestación otorgada por el Estado que puede consistir en apoyos económicos, bienes, servicios o una combinación de estos, pero que dicha definición quita el carácter de universal a la pensión, deja a la discrecionalidad de la autoridad la forma en que se garantizaría el derecho y podría reducirlo a apoyos complementarios en especie o mediante servicios.
Agregó que la propuesta no menciona la edad límite de las personas con discapacidad permanente para acceder a la pensión, ni tampoco el monto de la pensión o, en su caso, el efecto de progresividad que tiene, además de que los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocen las pensiones como cumplimiento del derecho a la seguridad social, que debe ser protegida como un salario.
Aguilar Castillo mencionó que en febrero de 2025 un juzgado concedió un amparo por la omisión del Congreso y de la Gobernadora de emitir disposiciones para garantizar la entrega y operación de la pensión para personas con discapacidad permanente.
Finalmente, la diputada externó que han pasado años de lucha histórica en donde las personas con discapacidad han sido marginadas, violentadas y discriminadas en Guanajuato, por lo que no se puede seguir postergando este derecho.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.
