*Faltan proyectos de desarrollo económico, social y educativo

Graves riesgos tienen los migrantes

La pobreza y falta de preparación de millones de migrantes que huyen de los países de América Latina –incluido México—en busca de mejores oportunidades de trabajo y de vida en Estados Unidos, enfrentan altos riesgos de perder la vida en un trayecto convertido en suplicio.

Primero, por tener que trasladarse cientos de kilómetros a pie, “de aventón” o en transportes inapropiados, como “tráileres” sin ventilación, que los exponen a la muerte.

Si logran llegar con vida, pero sin dinero por haber sufrido sobornos a que son sometidos por los llamados “polleros” y ahora la delincuencia organizada, desde la frontera sur de México con Centroamérica, hasta la del norte con Estados Unidos, se encuentran con la sorpresa de la negativa de ingreso a territorio norteamericano por falta de documentos migratorios; sin dinero por el robo impune, hambrientos y sin ninguna seguridad.

Esta situación conflictiva es resultado de la falta de proyectos para el desarrollo económico, social y educativo en niveles nacionales, regionales y locales. Los gobiernos latinoamericanos destinan cuantiosos recursos económicos a sus “proyectos militares” y protección de sus gobiernos, que al desarrollo de sus sociedades.

Es verdaderamente lamentable que millones de migrantes tengan que huir de sus países, porque no encuentran una forma de vida digna, acorde con sus necesidades. Y lo peor, que los gobernantes de países expulsores y receptores de migrantes, “se hagan de la vista gorda”. Los sufridos familiares de las víctimas reciben de regreso a sus muertos, a veces con una compensación económica que no sirve para nada.

¿Cuántas familias y sus hijos han quedado desamparados por la muerte del padre, la madre, miles de jóvenes que salieron de sus casas con la esperanza de encontrar trabajo en Estados Unidos y en otros países del mundo? Es incontable, porque el problema de la migración es mundial, aunque hace falta poner en contexto este problema ante organizaciones internacionales de Derechos Humanos, y ante entidades como Naciones Unidas.

Desde hace décadas en México se padece un problema creciente del fenómeno de la migración de connacionales hacia el país del norte. Datos de analistas en esta materia, indican que en Estados Unidos viven y trabajan más de 10.5 millones de mexicanos, que envían remesas cuantificadas en unos 50 mil millones de dólares anuales. El gobierno federal ya cuantifica ese valor en el esquema presupuestal de ingresos, por virtud de que significa más de la séptima parte del presupuesto federal anual.

Para México, el problema de la migración de ciudadanos latinoamericanos y del Caribe, de paso hacia Estados Unidos, se ha convertido en un problema por la falta de estructuras de logística, de transporte y alojamiento temporal, mientras que el gobierno de Estados Unidos no asume la responsabilidad que le corresponde. Por lo pronto, no existen acuerdos entre ambos gobiernos que den formalidad a la migración, de manera que se deja en manos de la delincuencia organizada hacer “su agosto” con extorsiones, promesas falsas y riesgos fraudulentos en el transporte.

En México operan más de 70 albergues –algunos llamados centros de reclusión de migrantes—para ciudadanos latinoamericanos y caribeños, provenientes del estado de Chiapas, que es la puerta de entrada de las migraciones, hasta la frontera con Estados Unidos. Muchos de estos centros, se convirtieron en lugares de reclusión, en tanto los interesados cumplen con determinados requisitos para cruzar la frontera, lo cual puede durar meses o finalmente les niegan el ingreso.

Precisamente, hace unos diez días, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrió un incendio en un centro de reclusión de migrantes, perteneciente al Instituto Nacional de Migración, que es una dependencia de la Secretaría de Gobernación, con la penosa muerte de 40 migrantes y otro tanto de heridos graves.

Este asunto abrió un tema de discusión entre las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, por ambigüedades en la administración del fenómeno migración con el manejo del problema diplomático derivado del movimiento internacional de los migrantes.

La decisión directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno de la definición de responsabilidades de Gobernación y SRE sobre el incendio y las muertes y personas heridas, fue sencillamente ordenar la desaparición del Instituto Nacional de Migración, junto con el comisionado de esa área, de nombre Francisco Garduño (parece que anda prófugo, pero es amigo del Ejecutivo Federal) y nombrar al activista y sacerdote Alejandro Solalinde, como dirigente de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios.

En estos asuntos hace falta poner orden. Primero, encontrar al responsable de la muerte de 40 personas y heridos, como lo es Francisco Garduño, y que no haya impunidad. Lo que sigue es procesarlo por convertir a los centros de migración, en auténticas cárceles, sin servicios indispensables de alimentación, sanidad y apoyo de alojamiento para los migrantes.

Por Juan Ma J

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